Principales elementos jurídicos

La Corte IDH analizó los impactos de la orden de suspensión de la FIV, reconociendo que existieron impactos diferenciados por el género. “La Corte observa que la OMS ha señalado que si bien el papel y la condición de la mujer en la sociedad no deberían ser definidos únicamente por su capacidad reproductiva, la feminidad es definida muchas veces a través de la maternidad. En estas situaciones el sufrimiento personal de la mujer infecunda es exacerbado y puede conducir a la inestabilidad del matrimonio, a la violencia doméstica, la estigmatización e incluso el ostracismo. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, existe una brecha de género con respecto a la salud sexual y reproductiva, por cuanto las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva tienen el impacto en aproximadamente el 20% entre las mujeres y el 14% de los hombres” (párr. 296). “si bien la infertilidad puede afectar a hombres y mujeres, la utilización de las tecnologías de reproducción asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres. Aunque la prohibición de la FIV no está expresamente dirigida hacia las mujeres, y por lo tanto aparece neutral, tiene un impacto negativo desproporcional sobre ellas” (párr. 299).

“La Corte concuerda con la Comité de la CEDAW cuando ha resaltado que es necesario considerar “los derechos de salud de las mujeres desde una perspectiva que tome en cuenta sus intereses y sus necesidades en vista de los factores y los rasgos distintivos que las diferencian de los hombres, a saber: (a) factores biológicos [...], tales como [...] su función reproductiva” (párr. 300).

“La Corte resalta que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos. El Tribunal no está validando dichos estereotipos y tan sólo los reconoce y visibiliza para precisar el impacto desproporcionado de la interferencia generada por la sentencia de la Sala Constitucional” (párr. 302).

Al ponderar la afectación a los derechos de las personas que estaban en medio del procedimiento de FIV y lo alegado por el Estado sobre la protección de la vida de los seres por nacer, la Corte IDH concluyó que “la afectación del derecho a la integridad personal, libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una violación de dichos derechos” (párr. 314), en comparación con “el impacto en la protección del embrión es muy leve, dado que la pérdida embrionaria se presenta tanto en la FIV como en el embarazo natural. La Corte resalta que el embrión, antes de la implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal” (párr. 315).

Principales elementos jurídicos

Para decidir el caso, la Corte tuvo en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres en el conflicto armado que tuvo lugar en el Perú, para lo cual tuvo como fuente principal los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (párr.68, 316).

Este es un caso particularmente relevante para establecer los límites del Estado en cuanto a la restricción a la libertad (ver especialmente párr.125-132), a la imposición de medida de prisión preventiva (párr. 157-159) y al deber de motivación de las decisiones (párr. 224).

En relación con la violencia sexual, la Corte reiteró lo dicho en el caso de Rosendo Cantú, en el sentido de su naturaleza privada y de la relevancia de la declaración de la víctima, que además suele no denunciar lo ocurrido para evitar el estigma (párr. 323). De manera específica señaló: “una negación de la ocurrencia de una agresión sexual denunciada no necesariamente desacredita las declaraciones donde se indicó que había sucedido, sino que debe ser analizado tomando en cuenta las circunstancias propias del caso y de la víctima. Adicionalmente, la calificación jurídica de los hechos que utilice la presunta víctima en sus declaraciones tiene que ser valorada tomando en cuenta el significado comúnmente dado a las palabras utilizadas, el cual no necesariamente corresponde a su definición jurídica. Lo relevante es evaluar si los hechos descritos, y no la calificación jurídica dada a los mismos, fueron consistentes” (párr. 324). En particular “Es necesario tomar en cuenta que las víctimas de violencia sexual tienden a utilizar términos poco específicos al momento de realizar sus declaraciones y no explicar gráficamente las particularidades anatómicas de lo sucedido” (párr. 347).

Por ello, “la mención de algunos de los alegados maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad” (párr. 325). Además, “la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de los mismo en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico” (párr. 329). En parte, porque “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno” (párr. 358). “Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Al respecto, la Corte aclara que para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por insignificante que sea, en los términos antes descritos (…) Además, se debe entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual. Este Tribunal entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual” (párr.359).

En estos casos, el examen médico legal es de suma relevancia, por lo cual “es necesario que los reportes médicos incluyan no sólo las lesiones encontradas sino la información detallada sobre la explicación dada por los pacientes sobre cómo ocurrieron dichas lesiones, así como la opinión del doctor sobre si las lesiones son consecuentes con dicha explicación. Adicionalmente, los exámenes médicos deben ser realizados en condiciones donde las personas privadas de libertad se sientan lo más cómodas posible para que, si así lo quisieran, pudiesen relatar maltratos recibidos. En este sentido, es necesario que el examen médico lo realice personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima prefiera” (párr. 328). En cualquier caso, “en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima” (párr.333). Dada la naturaleza privada de los hechos, es importante contar con un examen psicológico (párr.332).

La Corte reiteró lo dicho en el caso Cantú, en el sentido de que las investigaciones penales sobre violencia sexual deben garantizar que aspectos específicos de protección respecto de las declaraciones de la víctima, los exámenes médicos y la atención (párr.344).

De manera enfática la Corte señaló que “para que surja la obligación de investigar no es necesario que la presunta víctima denuncie los hechos más de una vez. Lo que es más, en casos de alegada violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido. Por tanto, no resulta razonable exigir que las víctimas de violencia sexual deban reiterar en cada una de sus declaraciones o cada vez que se dirijan a las autoridades los mencionados maltratos de naturaleza sexual” (párr.351). Además, “el inicio de la investigación no puede estar condicionado por quien realiza la denuncia ni por la creencia de las autoridades, antes de iniciar la investigación, de que las alegaciones realizadas son falsas” (párr.352).

Principales elementos jurídicos

La Corte reiteró la importancia de analizar el caso a la luz del contexto de violencia contra las mujeres, para lo cual contar con información estadística resulta importante (párr. 69, 151, 152). A pesar de su ausencia, el Tribunal encontró que a partir de diciembre de 2001 hubo un aumento de los homicidios contra las mujeres (párr. 73) que era acompañado de altos niveles de impunidad (párr. 83).

Al igual que en el caso de Campo Algodonero, la Corte resaltó el deber de garantía que debe ser puesto en marcha teniendo en cuenta la condición de mujer y niña de la víctima (párr. 134-136).

Dado que el caso refiere a una desaparición y posterior hallazgo de un cadáver, la Corte reiteró que en estos casos se aplica la teoría de los dos momentos, es decir, el deber general de prevención que tienen las autoridades ante la violencia contra las mujeres y el deber específico de prevención que deben desplegar cuando conocen de un riesgo cierto e inmediato contra una víctima en particular. En este último caso, si no se actúa de manera diligente, teniendo en cuenta las posibilidades razonables de impedir el hecho, el Estado puede ser declarado responsable (párr. 139-142).

El alto contexto de violencia contra las mujeres en que se inscribió este caso, permitía hacer suponer que la niña se encontraba en riesgo (párr. 147).

La Corte reiteró que las obligaciones en materia de justicia deben aplicarse “teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección” (párr. 185). Para que ello sea posible, “las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada” (párr. 187). Esto implica investigar no solo la muerte sino otras posibles afectaciones a la integridad, incluida la violencia sexual. Para que ello sea posible, es necesario que las autoridades que investiguen estén capacitadas en discriminación y violencia de género (párr.188).

En últimas, se trata de investigar comprendiendo que la violencia contra las mujeres es producto de la discriminación, es decir, del “desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”, tal como lo indica la Convención Belém do Pará (párr. 207). No investigar desde esta perspectiva es en sí mismo discriminatorio y “propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos” (párr. 208).

En materia de delitos sexuales “las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género (párr. 209). Así, las investigaciones deben evitar incurrir en estereotipos negativos de género, so pena de influir negativamente en la investigación y culpabilizar a las víctimas (párr. 213).

Principales elementos jurídicos

Al igual que en el caso de Véliz Franco, la Corte consideró que en el contexto del caso se pudo identificar una cultura de violencia que afecta especialmente a las mujeres (párr.45), auspiciada por un alto ambiente de impunidad en el que las autoridades tendían a desacreditar a las víctimas (párr.49). La Corte consideró que este contexto debía ser parte para comprender mejor la prueba y los hechos del caso, para determinar el uso de estándares en derecho y para definir las reparaciones (párr.50).

La Corte reiteró que las autoridades están obligadas, en este tipo de casos, a aplicar la Convención Americana y las obligaciones específicas de la Convención Belém do Pará (párr.108). Cuando los hechos no son cometidos por agentes estatales sino por particulares, el Estado puede ser declarado responsable internacionalmente si se comprueban los siguientes elementos: “i) las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y que ii) tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo” (párr.109).

En situaciones de desaparición forzada, la Corte divide el análisis bajo la teoría de los dos momentos ya acogida en los casos de Campo Algodonero y Véliz Franco: antes de la desaparición aplica el análisis desde el deber de prevención general y; una vez conoce de la desaparición y antes del hallazgo del cuerpo debe aplicar medidas de prevención específica (párr.121-122). En este segundo momento el Estado debe aplicar un deber de debida diligencia estricta, en el cual las autoridades “responsables de recibir denuncias de desaparición [deben tener] la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad de las mismas frente al contexto de violencia contra la mujer, así como la voluntad y entrenamiento para actuar de inmediato y de forma eficaz” (párr.133).

En esta sentencia la Corte reiteró los deberes de investigación en hechos de violencia contra las mujeres (párr.145) y constató que “A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha dificultad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas” (párr.146). Por ello debe adelantar acciones específicas en casos de homicidio de mujeres y de violencia sexual (párr.147, 148).

En casos de desaparición, las investigaciones deben iniciarse una vez se conoce de la desaparición y no al momento del hallazgo (párr.156), debe existir un registro policial (párr.157), manipularse adecuadamente el cadáver (párr.158), la escena del crimen (párr.159), preservar la evidencia (160, 161), practicar de manera adecuada la necropsia (párr.162), determinar la hora de la muerte (párr.163), identificar a la víctima (párr.164) y contar con un informe médico forense (párr.165). De no hacerse, es posible establecer una falla en el deber de debida diligencia (párr.168) y un acto de discriminación contra las mujeres (párr.176). En este sentido, es obligatorio que las investigaciones estén libres de estereotipos de género, los cuales deben ser erradicados (párr.180-190), especialmente aquel que asume que estos hechos son “crímenes pasionales” (párr.187). Además, debe incorporarse un enfoque de género para garantizar que las investigaciones sean adecuadas a la luz de las obligaciones del derecho internacional (párr.197, 201).

A pesar de la dificultad de establecer si el hecho fue basado en el género de la víctima, la Corte consideró que: los indicios de una probable violencia sexual, las lesiones del cuerpo y el contexto de violencia contra las mujeres en Guatemala, hacían posible asumir que la muerte fue “una manifestación de violencia de género” (párr.192).

Principales elementos jurídicos

La Corte consideró que la decisión sobre ser madre o padre es parte de la esfera de la autonomía de las personas que está reconocida en la Convención Americana bajo el derecho a la vida privada (artículo 11, que ha sido desarrollado en la jurisprudencia colombiana como el libre desarrollo de la personalidad), el cual se liga al derecho a la salud y a la integridad (párr. 149-156). Este derecho tiene un asidero en los derechos sexuales y reproductivos (párr. 157-158), en los cuales el consentimiento informado, dada la asimetría de poder entre médico y paciente, tiene una especial importancia (párr. 159, 160, 163-165).

Para que pueda hablarse del cumplimiento al consentimiento informado, es preciso que este sea previo, libre, pleno e informado (párr. 166, 176, 177, 181, 182-196).

Su aplicación correcta implica que esté libre de cualquier estereotipo, no obstante, la Corte reconoció que en el campo de la salud suele adoptarse una “posición paternalista” que mina los derechos de las mujeres. Para el caso concreto la Corte encontró que: “i) las mujeres son identificadas como seres vulnerables e incapaces de tomar decisiones confiables o consistentes, lo que conlleva a que profesionales de la salud nieguen la información necesaria para que las mujeres puedan dar su consentimiento informado; ii) las mujeres son consideradas como seres impulsivos y volubles, por lo que requieren de la dirección de una persona más estable y con mejor criterio, usualmente un hombre protector, y iii) las mujeres deben ser quienes deben llevar la responsabilidad de la salud sexual de la pareja, de modo tal que es la mujer quien dentro de una relación tiene la tarea de elegir y usar un método anticonceptivo” (párr. 187).

La Corte reconoció que la decisión del médico no respetó el derecho al consentimiento libre e informado, porque si pidió el consentimiento lo hizo en medio de una cesárea (que es una situación de alto estrés), pidió el consentimiento al marido (pero debe darse de manera personal) y lo hizo bajo la idea de un riesgo que no era concreto sino abstracto, frente al cual la víctima y su pareja pudieron tomar una decisión menos lesiva (párr. 231-236). En últimas, el médico actuó asumiendo que “ella no tomaría decisiones confiables en el futuro para evitar un nuevo embarazo. El médico actuó, de esta manera, en clave paternalista injustificada, al no reconocerla como un agente moral de toma de decisiones y considerar que, de acuerdo a su criterio médico, debía proteger a I.V. (…) y actuó con la lógica del estereotipo según el cual I.V. era la única responsable de la anticoncepción de la pareja” (párr. 236).

La Corte consideró que la esterilización no consentida afecta de manera desproporcionada a las mujeres por la expectativa social de su función reproductora y familiar (párr.243) y, dados sus efectos, ese hecho constituyó en sí mismo una afectación al derecho a la igualdad (párr.240-249). Además, dados sus efectos permanentes y graves en la vida de la víctima, la Corte concluyó que se trató de un hecho de violencia contra la mujer (párr. 250-255, 268).

Por último, la Corte reiteró que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos deben ser investigados adecuadamente, lo cual no ocurrió en el presente caso (párr. 295-301, 310-311, 317-321).

Principales elementos jurídicos

Para la evaluación de los hechos, la Corte reiteró la importancia de tener como prueba el contexto en que ocurren (párr. 75, 87 y ss.). En particular, consideró la afectación a mujeres defensoras de derechos humanos (párr. 91-99), los riesgos particulares a los que se ven enfrentadas y el impacto del desplazamiento forzado en las mujeres (párr. 243).

Dado que la muerte de la señora Yarce fue perpetrada por un particular, la Corte reiteró que el Estado puede ser declarado responsable por esos hechos, si “1) al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinados; 2) que las autoridades conocían o debían tener conocimiento de ese riesgo, y 3) que las autoridades, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo” (párr. 182). Para ello es relevante “el conocimiento estatal de una situación general de riesgo; ello puede ser relevante para evaluar si un acto determinado es o no suficiente para generar en el caso el conocimiento por las autoridades de un riesgo real e inmediato, o la respuesta de las mismas al respecto” (párr. 183). La Corte consideró que el Estado era responsable porque existía un riesgo (párr. 184), del cual el Estado era conocedor (párr. 185-191) y no actuó para conjurarlo (párr. 193-196).

Entre otras razones, consideró que las medidas de protección no habían sido idóneas. Para que lo sean, estas deben ser “a) acordes con las funciones que desempeñan las defensoras y defensores; b) objeto de una evaluación de acuerdo al nivel de riesgo, a fin de adoptar y monitorear las medidas vigentes, y c) poder ser modificadas según la variación de la intensidad de riesgo” (párr. 193). Además, la Corte encontró que el Estado había agravado el riesgo de la señora Yarce por liberar a un paramilitar que ella había denunciado, sin avisarle (párr. 195).

Principales elementos jurídicos

La Corte consideró que en la época de los hechos aún no existía un contexto de violencia contra las mujeres en aumento (párr.116), lo cual no activa el deber de debida diligencia estricta (párr. 139) y que una desaparición no es equivalente a una desaparición forzada (párr. 123).

Sin embargo, consideró que por haber tratado el hecho como un crimen pasional, el Estado incumplió el deber de debida diligencia general que sí debe aplicar a todos los casos. En otras palabras, la presencia de estereotipos negativos de género afectó el deber de investigación (párr. 161-177, 184): “La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales” (párr.170).

Además “los prejuicios personales y los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió´ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Cuando se utilizan estereotipos en las investigaciones de violencia contra la mujer se afecta el derecho a una vida libre de violencia, más aún en los casos en que estos estereotipos por parte de los operadores jurídicos impiden el desarrollo de investigaciones apropiadas, denegándose, además, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. A su vez, cuando el Estado no desarrolla acciones concretas para erradicarlos, los refuerza e institucionaliza, lo cual genera y reproduce violencia contra la mujer” (párr.173).

La Corte propone la denominación de “violencia interpersonal” para referirse a la “violencia que ocurre “dentro de la pareja”, “en el hogar”, “en la familia” o “en la unidad familiar”; o violencia cometida por “miembros del núcleo familiar”, entre otros. La Corte advierte que, a fin de ser compatible con los artículos 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, las legislaciones nacionales deben ser capaces de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres cuando dicha violencia es perpetrada por personas con quienes: i) estén o hayan estado casadas o vinculadas legalmente; ii) están o hayan estado comprometidas en matrimonio; iii) han cohabitado o son actualmente cohabitantes; iv) viven o han convivido, sin necesidad de estar vinculados sentimental o legalmente; v) tienen o hayan tenido una relación de naturaleza sentimental o sexual, sin necesidad de que estén o hayan estado vinculados legalmente; vi) tengan o vayan a tener un hijo o hija; vii) son parientes o familiares; viii) hayan mantenido una relación de intimidad, noviazgo, amistad o compañerismo; y/o ix) cuando la mujer es o haya sido contratada como trabajadora doméstica. También deben ser capaces de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres perpetrada por personas quienes pretendan o pretendían, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la presunta víctima. Esta lista no es taxativa” (párr. 153 y pie de página 193).

Principales elementos jurídicos

La Corte reiteró que en casos de violencia sexual se deben respetar algunos estándares de prueba (párr.152-154), pero que tratándose de niñas, es necesario aplicar “los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es el principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, de modo que se garantice su participación, en lo que resulte pertinente para identificar las medidas especiales que son requeridas para dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de delitos de violencia sexual.” (párr. 155).

Lo anterior, por cuanto en casos de violencia sexual se deben aplicar los estándares relativos a los criterios de género y edad, materializados en el deber de actuar con la debida diligencia reforzada y la protección especial (párr. 158-171).

En relación con la participación en los procesos penales, la Corte consideró que es indispensable garantizarla en todas las etapas del proceso penal, no solo como prueba sino dada su condición de sujeto procesal y de acuerdo con su edad y grado de madurez (párr. 159-161). Es necesario, además evitar la revictimización limitando la repetición de pruebas, su participación solo en las estrictamente necesarias y restringiendo su interacción con el agresor (párr. 163, 164). Al respecto es un deber del Estado tomar en consideración la opinión de la víctima y ser atendida por personal idóneo y capacitado (párr. 166, 167), grabar sus declaraciones (párr. 168) y que los exámenes médicos sean realizados con consentimiento informado y por profesionales expertos en “ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de abuso y violación sexual” y con la presencia de una persona de confianza de la víctima (párr. 169).

En síntesis, deben considerarse los siguientes criterios: “i) el derecho a la información relativa al procedimiento, así como los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección disponibles; ii) la asistencia letrada, gratuita y proporcionada por el Estado, de un abogado especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso; iii) el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que conlleva un criterio reforzado de celeridad; iv) el derecho de la niña, niño o adolescente víctima a participar en el proceso penal, en función de su edad y madurez, y siempre que no implique un perjuicio en su bienestar biopsico-social. Para ello, deben realizarse las diligencias estrictamente necesarias y evitarse la presencia e interacción de las niñas, niños y adolescentes con su agresor; v) generar las condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal mediante las protecciones especiales y el acompañamiento especializado; vi) la entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones de niñas, niños y adolescentes; vii) las salas de entrevistas otorgarán un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza; viii) el personal del servicio de justicia que intervenga deberá estar capacitado en la temática, y ix) deberá brindarse asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género” (párr. 382).

En cuanto al examen médico debe garantizarse: “i) deberá evitarse, en la medida de lo posible, más de una evaluación física; ii) debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes; iii) la víctima o su representante legal, según el grado de madurez de la niña, niño o adolescente, podrá elegir el sexo del profesional; iv) el examen debe estar a cargo de un profesional de salud especialista en ginecología infanto-juvenil, con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de abuso y violación sexual; v) deberá llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, y vi) se realizará en un lugar adecuado y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo la presencia de un acompañante de confianza de la víctima.” (párr. 383).

El deber de debida diligencia no se refiere solo al desarrollo de las investigaciones a los momentos posteriores sino también a su “recuperación, rehabilitación y reintegración social de la niña, niño o adolescente”, con medidas extendidas a sus familiares (párr. 170).

La Corte reiteró que la violencia sexual es una forma de violencia contra las mujeres, causada por la discriminación de género, frente a la cual la respuesta estatal debe ir dirigida a su condena y adoptando medidas específicas que garanticen el deber de debida diligencia (párr. 289-296). En el caso concreto, la Corte encontró que la falla en ese deber convirtió al Estado en un segundo agresor, configurando “violencia institucional” traducible en tratos crueles, inhumanos y degradantes (párr. 297-299).

Principales elementos jurídicos

La Corte reiteró el deber de garantizar los derechos en casos de violencia contra las mujeres (párr. 129-136), materializada en el deber de actuar con la debida diligencia, cuyo alcance está reforzado por la Convención Belém do Pará.

Asimismo, la Corte reiteró que los Estados pueden ser declarados responsables internacionalmente por actos cometidos por particulares si “i) las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y ii) tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo” (párr. 138-141). Para determinar su responsabilidad en casos de desaparición, es necesario evaluar si el Estado desplegó acciones exhaustivas de búsqueda (párr. 142) y el contexto en que se presentan los hechos (párr. 143-146).

En este caso la Corte indicó que el secuestro está enlistado en las formas posibles de violencia contra las mujeres incluida en la Convención Belém do Pará debido a “que esas circunstancias generan un escenario propicio para la comisión de actos de violencia contra la mujer, e implican una particular vulnerabilidad a sufrir actos de violencia sexual, lo que de por sí conlleva un riesgo a la vida y a la integridad de la mujer, independientemente de un contexto determinado” (párr. 145).

La Corte encontró que entre las múltiples fallas que ocasionaron su responsabilidad por el acto cometido por el particular, una se refería a “que operaron estereotipos de género negativos bajo los cuales se entiende que las cuestiones de pareja deben quedar exentas de la intervención estatal” (párr.157).

Además de lo anterior, el caso es particularmente importante porque es el segundo en que se decide sobre la prohibición de esclavitud y el primero que habla sobre la esclavitud sexual (párr. 173-175). Esta se entiende como “una forma particularizada de esclavitud, en la que la violencia sexual ejerce un rol preponderante en el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. Por tal motivo, en estos casos los factores relacionados con limitaciones a la actividad y a la autonomía sexual de la víctima constituirán fuertes indicadores del ejercicio del dominio. La esclavitud sexual se diferencia así de otras prácticas análogas a la esclavitud que no contienen un carácter sexual. Asimismo, el elemento de la esclavitud es determinante para diferenciar estos actos de otras formas de violencia sexual. Al identificar tales conductas como una forma de esclavitud, se tornan aplicables todas las obligaciones asociadas a la naturaleza jus cogens de su prohibición, esto es, a su carácter absoluto e inderogable” (párr. 176). Es decir, “para catalogar una situación como esclavitud sexual es necesario verificar los siguientes dos elementos: i) el ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, y ii) la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de la persona” (párr. 179).

De otro lado, la Corte consideró que los actos perpetrados constituyeron tortura porque “el propósito del agresor era intimidarla, anular su personalidad y subyugarla. En definitiva, afirmar una posición de subordinación de la mujer, así como su relación de poder y dominio patriarcal sobre la víctima, lo cual evidencia el propósito discriminatorio. En esta línea, la Corte ha resaltado el rol trascendental que ocupa la discriminación al analizar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y su adecuación a la figura de la tortura y los malos tratos desde una perspectiva de género” (párr. 188). Al respecto, la Corte aclaró que para que se configure la tortura no es necesario que sea un particular el sujeto activo (párr. 192): “la Corte considera que no pueden excluirse los actos de violencia contra la mujer perpetrados por particulares, cuando aquellos son cometidos con la tolerancia o aquiescencia estatal por no haberlos prevenido de forma deliberada, como ocurre en este caso” (párr. 197).

La Corte reiteró que ante hechos de violencia contra la mujer los Estados deben actuar de manera diligente en las investigaciones de los agresores a fin de garantizar justicia, todo ello a la luz de la Convención Belém do Pará (párr. 218-226). Además, es necesario que dispongan de medidas de protección para evitar nuevas afectaciones a la víctima (párr. 246-249).

Al igual que en otros casos, la Corte encontró que la falla en el deber de investigar se debió, en parte, a la presencia de estereotipos de género que asumían que la víctima se encontraba con su pareja y por ello no debían intervenir (párr. 235-240).

Principales elementos jurídicos

Sobre la violencia sexual, la Corte reiteró que estos hechos afectan los derechos a la integridad y a la vida privada (párr. 179) y reafirmó que la violencia sexual “se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento” (párr. 181), mientras que la violación sexual “es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril” (párr. 182) y que es “una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima.

Además, esta Corte ha resaltado cómo la violación sexual de una mujer que se encuentra detenida o bajo la custodia de un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente” (párr.183).

En el caso particular, la Corte consideró que los diversos actos de violencia sexual que incluyeron “tocamientos, manoseos, pellizcos y golpes (…), desnudos forzados (…), insultos, abusos verbales y amenazas” (párr. 188), constituyeron tortura porque fueron “i) intencionales, ii) (…) causaron severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) fueron cometidos con cualquier fin o propósito” (párr. 191-198, 209). En relación con el tercer elemento, la Corte encontró que la violencia sexual se utilizó como una forma de “control social” (párr. 200-202)

“los agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo anti motín, constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. Este tipo de conductas en el mantenimiento del orden público, más que reprochable, es absolutamente inaceptable. La violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un Estado obligado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” la violencia contra las mujeres” (párr.204).

Como en otros casos, la Corte consideró que la violencia estuvo basada en el género porque tuvo como fuente la discriminación contra las mujeres que se manifiestan en estereotipos de género (párr. 215-220): “las formas altamente groseras y sexistas en que los policías se dirigieron a las víctimas, con palabras obscenas, haciendo alusiones a su imaginada vida sexual y al supuesto incumplimiento de sus roles en el hogar, así como a su supuesta necesidad de domesticación, es evidencia de estereotipos profundamente machistas, que buscaban reducir a las mujeres a una función sexual o doméstica, y donde el salir de estos roles, para manifestar, protestar, estudiar o documentar lo que estaba pasando en Texcoco y San Salvador de Atenco, es decir, su simple presencia y actuación en la esfera pública, era motivo suficiente para castigarlas con distintas formas de abuso” (párr. 216). Ante estos estereotipos de género, el Estado está obligado a desarrollar acciones concretas para erradicarlos, so pena de reforzarlos e institucionalizarlos (párr. 218).

En cuanto a la investigación penal por los hechos, la Corte reiteró los estándares en materia de investigación en violencia sexual (párr. 272) y tortura (párr. 273, 275), reafirmando que dar un excesivo peso a la evidencia física contraviene esos estándares (párr. 315), al igual que “la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas”, las cuales no son sino “la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género” (párr. 316).

[50] Corte IDH (2019). ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/10/index.html#zoom=z

[51] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 1959 para la promoción de los derechos humanos en la región y fue tomando más competencias conforme se identificaban situaciones de violaciones de derechos humanos en la región, a lo cual tuvo que responder la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ver: Faundez Ledezma (2004). El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

[52] La Corte Constitucional ha reafirmado que el Estado colombiano debe atender las recomendaciones de la CIDH aunque el reglamento de este órgano no establezca cómo se incorporan al ordenamiento nacional. Sentencia T-976 de 18 de diciembre de 2014. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[53] Corte IDH (2019). ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. párr.4.

[54] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-653 de 23 de agosto de 2012. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

[55] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. párr. 124. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. párr. 128.