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Define la “discriminación contra la mujer”.

Establece los compromisos de los Estados parte para adelantar una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, particularmente para alcanzar la igualdad en la vida política y pública, en la educación, empleo (trabajo), salud, en la vida económica y social, ante la ley, en el matrimonio y las relaciones familiares y en los entornos rurales (mujer rural).

Además, creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el compromiso de enviar informes al Comité sobre las medidas adoptadas en el país para el cumplimiento del tratado.

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Establece que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra ellas por su condición de ser mujer y que las afecta de manera desproporcionada.

Señala recomendaciones tales como medidas apropiadas para combatir la violencia por razones de sexo, proporcionar apoyo, protección adecuados, investigación, prevención, capacitar a los funcionarios, entre otras

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Reconoce que el derecho al acceso a la justicia es fundamental para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que es un derecho pluridimensional, que abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia.

Identifica que las mujeres enfrentan obstáculos de acceso a la justicia que se presentan por factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación y las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres.

Emite recomendaciones para que los Estado cumplan su obligación de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, en particular en derecho constitucional, civil, familia, penal, administrativo, social y laboral.

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Reconoce los derechos de las mujeres rurales, llamando la atención sobre visibilizar la grave situación de discriminación que viven estas mujeres.

Se desarrollan las obligaciones generales de los Estados partes de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres rurales, en relación con dimensiones específicas de los derechos de las mujeres rurales e investigación y datos sobre la situación.

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Es una actualización de la Recomendación General No. 19.

Declara la prohibición de la violencia de género contra la mujer como una norma reconocida del derecho internacional consuetudinario

Caracteriza como las diferentes formas de violencia de género contra la mujer se relacionan con la discriminación y son violaciones de derechos humanos.

Recopila los criterios jurídicos sobre la responsabilidad del Estado por actos u omisiones de agentes estatales y no estatales.

Emite recomendaciones acerca de las medidas legislativas, prevención, protección, enjuiciamiento y castigo, reparaciones, coordinación, vigilancia y recopilación de datos y cooperación internacional.

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Define la violencia contra la mujer y establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Establece los compromisos de los Estados parte para adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Establece que los Estados enviarán informes sobre la implementación de esas medidas a la Comisión Interamericana de Mujeres.

Establece que la CIDH podrá conocer de quejas o denuncias por violaciones a las obligaciones estales asumidas en la Convención.

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Instrumento internacional que crea la Corte Penal Internacional vinculada al Sistema de Naciones Unidas con competencia frente a graves crimenes internacionales cometidos en el marco de los conflictos.

Vínculado a esta normatividad, acerca de violencia contra la mujer, en virtud de los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres en conflictos armados, como armas de guerra para destruir, humillar, degradar y aterrorizar las comunidades a las que pertenecen las víctimas.

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Las reglas 70 y 71 establecen principios para la prueba en materia de casos de violencia sexual que sean asumidos por la CPI, específicamente en relación con el consentimiento, la credibilidad, honorabilidad y disponibilidad sexual de la víctima, y la prohibición de admitir prueba de otro comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.

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Ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.

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La Constitución Política de Colombia como norma de normas, es fundamental en la procura de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en Colombia.  Establece en su artículo 43 que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación” .

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Establece el marco institucional y orienta las políticas y acciones por parte del Gobierno para la adopción y financiación de políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres en el país.

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Ratificación de la Convención Interamericana de Belém Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

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La ley tiene por "objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural". Define a la mujer rural como cualquier mujer cuya actividad productiva está relacionada directamente con lo rural. Establece beneficios financieros para apoyar proyectos en el sector rural."

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Regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

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Define la violencia contra la mujer y el concepto de daño psicológico, físico, sexual, patrimonial.

Contiene los derechos de las mujeres y de las mujeres víctimas.

Establece medidas de sensibilización y prevención a cargo del Gobierno Nacional, lo departamentos y municipios; y medidas educativas, en el ámbito laboral y de la salud; los deberes de la familia y las obligaciones de la sociedad.

Define y establece las medidas de protección y de atención para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar y fuera de este.

Modifica el código penal para incorporar penas accesorias específicas para los delitos que son violencias contra las mujeres, crea un agravante por el hecho de ser mujer para el homicidio y el homicidio en persona protegida, para el secuestro, crea el delito de acoso sexual, agravantes para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, para la violencia intrafamiliar, y la posibilidad de cerrar las audiencias cuando se trate de delitos sexuales.

Creó el Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, y establece que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer presentará un informe anual al Congreso de la República sobre la situación de violencia contra las mujeres, sus manifestaciones, magnitud, avances y retrocesos, consecuencias e impacto.

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Reglamenta las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en lo que tiene que ver con las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, para el otorgamiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencias y si se presenta el incumplimiento, tanto en el ámbito familiar como en otros ámbitos. Establece cómo las autoridades garantizarán el derecho a la no confrontación .

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Define las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral

Establece que se diseñará el Programa de Equidad laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres para implementar las medidas en el ámbito laboral establecidas en la ley 1257 de 2008, entre ellas las medidas para la vinculación de mujeres víctimas de violencias.

Establece la implementación del Sello de Compromiso Social con las Mujeres para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, la igualdad salarial y la equidad de género.

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Tiene por objeto definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud.

Ordena la actualización de los protocolos de atención a la mujer maltratada y del menor de edad maltratado para incluir las estrategias, planes, programas, acciones y recursos para la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer, entre otras normas del sistema de salud.

Establece que el Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará los servicios de habitación, alimentación y transporte que son medidas de atención para las mujeres víctimas, los criterios para otorgar las medidas y las modalidades en que se cumplirán (refugio, subsidio monetario), y el procedimiento en caso que la mujer no esté afiliada al Sistema.

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Se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en el sector de educación.

Enuncia los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo, y la integración de los mismos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Establece las competencias del Ministerio, las entidades de educación departamentales y municipales, y las instituciones de educación para la prevención, atención y protección frente a la violencia contra la mujer.

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Establece los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de impuestos definida en la Ley 1257 de 2008, la cual aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuestos y complementarios que, en su condición de empleadores, ocupen a trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y procede por un término de máximo tres años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral.

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Establece los criterios y condiciones para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS y las autoridades competentes para ordenarlas.

Establece el procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención, de forma articulada con el proceso de protección, considerando el inicio de la solicitud ante la IPS, ante Comisaría de Familia o Juez de garantías, cuando la medida de concede en el marco de protección por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por organismos internacionales, ICBF, Ministerio Público y otras autoridades.

Establece el término de las medidas, la financiación, la supervisión y el levantamiento de las medidas de atención.

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Por el cual se sustituye el Capitulo 1 del Titulo 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2019, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social relativo a las mujeres victimas de  violencia.

Establece las acciones en el Plan Decenal de Salud Pública Nacional, la garantía de acceso a la salud para las mujeres víctimas de violencias y su hijas e hijos, la obligación de actualizar las guías y protocolos de atención en salud, así como de reportar hechos de violencias contra las mujeres al Sistema Integral de Información de Protección Social –SISPRO-.

Define las medidas de atención para mujeres víctimas, la prestación de las mismas (criterios, plazo, contenido de la orden), los procedimientos considerando si la solicitud se presenta ante una autoridad de salud, de protección (Comisarías, Jueces), las causales de terminación de las medidas y el pago de las medidas por parte del agresor.

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Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución, sobre los derechos fundamentales de los menores.

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Por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Se crea el tipo penal de Proxenetismo con menor de edad, Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad y Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

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Creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y estableció sus agravantes, limitó la facultad de la Fiscalía General de la Nación de realizar preacuerdos en estos delitos.

Enfatiza el deber de debida diligencia en la investigación y judicialización del feminicidio.

Establece la asistencia técnico legal para las víctimas sobrevivientes y sus familiares.

Ordena tomar acciones en el ámbito educativo para incorporar la perspectiva de género, y adelantar la formación en género, derechos humanos y DIH a los servidores públicos, de la rama ejecutiva y judicial.

Ordena adoptar un Sistema Nacional de Estadísticas sobre violencia basada en género.

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Por medio del cual se fortalecen las medidas de prevención, protección y atención a la integridad de las Víctimas de Crímenes con ácido álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

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Por la cual se crea el tipo penal de Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, endureciendo la pena , excluyendo al agresor de beneficios y definiendola según la afectación de la víctima con penas desde 150 a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mínimos. Cuando la conducta origine deformidad o daño permanente, parcial o total, funcional o anatómica la pena será de 251 meses a 360 meses y multa de 1.000 a 3.000 SMLMV. Si la deformidad afectare el rostro la pena de aumentará hasta en una tercera parte.

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Se modifican medidas de protección en salud a favor de las víctimas de delitos con sustancias o agentes corrosivas a la piel. Se define como enfermedad catastrófica.

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Esta ley garantiza el acceso a la justicia de las victimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado interno. Define los derechos de las víctimas, reconoce la forma en que el conflicto armado afecta a las victimas de violencia sexual, establece procedimiento para la atención y sanción, ratifica como prioritaria la atención a víctimas de violencia sexual independiente del tiempo transcurrido desde lo hechos, incluye reglas para la investigación de los hechos y complementa la ley 1257 de 2008 en cuanto a medidas de protección, medidas de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia sexual contra la mujer.

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Norma desarrollada en virtud del mandato constitucional de proteger la unidad familiar (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 42). Sancionó como delitos autónomos las conductas violentas producidas en el seno de la familia y creó mecanismos de protección especial para el sujeto agredido en el marco del conflicto familiar, estas son las medidas de protección.

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Reforma la ley 294 de 1996, busca dotar de herramientas legales a las Comisarías de Familia, para que puedan proceder de manera inmediata ante un hecho de violencia intrafamiliar y dictar medidas de protección definitivas.

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Por medio de la cual se modifica y adiciona artículos de la ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar; ampliando los sujetos que podrían ser víctimas de esta conducta, contemplado la separación o el divorcio, padres que no convivan, las personas encargadas del cuidado del hogar y las personas que tengan o hayan tenido relaciones extramatrimoniales con vocación de estabilidad. Además contempla principios como el de publicidad y la prueba anticipada.